Economía
La presentación de Entre Ríos fue clave para el fallo de la Corte Suprema a favor de las provincias
El gobernador Gustavo Bordet calificó de "justo" el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispone que los costos fiscales de la reducción del IVA y de ganancias deberán ser asumidos con recursos del Estado nacional.
El mandatario puso de relieve que el Tribunal tomó especial nota de la alegación del gobierno entrerriano que advertía que la medida nacional "pondría en riesgo el normal funcionamiento de las instituciones provinciales, y la atención de las necesidades básicas de su población".
Bordet: "La decisión de la CSJ ratifica su compromiso federal porque va en línea con otros fallos anteriores, como el que le devolvió el 15 por ciento de coparticipación a Santa Fe y San Luis".
Cabe señalar que al analizar puntualmente el caso de Entre Ríos, el máximo tribunal destacó que quedó acreditado el peligro en la demora sobre la base de la alegación de la provincia y su referencia a un informe de la Comisión Federal de Impuestos, según el cual las medidas tributarias en crisis redundarían en una disminución de aproximadamente mil millones de pesos de sus recursos, lo que pondría en riesgo el normal funcionamiento de las instituciones provinciales, y la atención de las necesidades básicas de su población.
"La Corte ha dispuesto una solución muy justa al instruir a que la Nación se haga cargo de las medidas que tomó pero con sus recursos sin perjudicar a las provincias, ni a quienes se benefician con la reducción del IVA y ganancias. Es el gobierno nacional el que se tiene que hacer cargo de las decisiones que toma en materia de política económica pero con sus recursos, sin afectar los recursos coparticipables", aseveró el mandatario.
El fallo de la Corte deja en claro que el daño a las arcas de Entre Ríos podría resultar irreparable, en la medida en que -según explica- los fondos que se dejan de percibir fueron presupuestados por la hacienda provincial y se encuentran comprometidos a la ejecución de políticas públicas en curso, algunas de ellas de carácter social, lo que evidencia la necesidad de acceder a la pretensión cautelar.
"Frente a la concreta dificultad de financiamiento de necesidades públicas provinciales de significación social alegadas por la actora, la magnitud del perjuicio invocado y lo señalado en cuanto a la verosimilitud en el derecho, cabe tener acreditada la configuración de los extremos exigibles a toda pretensión cautelar con el fin de resguardar los derechos invocados hasta tanto exista la posibilidad de dirimir la cuestión de fondo debatida, por lo que los costos fiscales de la aplicación de los decretos y las resoluciones impugnadas sean asumidos con recursos propios del Estado nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias actoras", se informó desde el máximo tribunal.
La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. En minoría quedó el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. La jueza Elena Highton de Nolasco no votó.
En su decisión, el fallo dispuso cautelarmente que los costos fiscales de la aplicación de los decretos impugnados y de las resoluciones generales de AFIP sean asumidos con recursos propios del Estado nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.
Economía
Se pagó, ¿y ahora qué?: el dato que Milei y Caputo seguirán de cerca
Hay un dato que Javier Milei y Luis Caputo seguirán de cerca para tomar más decisiones económicas clave este año. También comenzará en breve otra etapa: la negociación con el FMI por un nuevo acuerdo.
Finalmente, ayer a las 10:00 AM el Bank of New York Mellon, agente financiero del país, oficializó la liquidación de los aproximadamente 4.704 millones de dólares correspondientes a la liquidación de enero del 2024 del pago de los Bonares y globales reestructurados en agosto del 2020. En general , fue una jornada tranquila, con un blue descansando desde hace dos días en los 1.220 pesos, con acciones de aquí y de Nueva York y títulos públicos en tenue y prudente suba, y con reservas cayendo unos 1,300 millones, pero con un Banco Central que volvió a comprar divisas por unos 165 millones.
En total, en lo que va del año, la entidad acumula compras por unos 547 millones; con un riesgo país otra vez en baja y cerrando en 564 puntos básicos. Ayer se pagaron unos USD 4.360 millones de los Bonares (AL) y Globales (GD). Aproximadamente USD 460 millones estarán destinados al FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), junto a otros USD 60 millones por las tenencias del BCRA, mientras que los restantes USD 3.860 millones los recibirán los tenedores privados de la deuda. De este dinero, unos U$S 1.600 millones corresponden a privados locales, el resto a privados con cuentas fuera del país, muchos en mercados denominados offshore.
Ahora, a cálculos básicos post pago de los cupones. La foto del stock del Banco Central muestra reservas de aproximadamente U$S 13.800 y 14.3000 millones. De ese dinero, entre 9.000 y 11.000 millones de dólares pertenecerían al Tesoro Nacional, fruto del superávit y de las utilidades de los títulos (que fueron extraordinarias), dinero que se contabiliza parte en pesos. Si la decisión oficial es, como parece por los hechos, dejar ese dinero depositado en la entidad que maneja el, a veces protestón a veces emocionado, Santiago Bausilli, sería la primera vez en décadas que un gobierno pone dinero a ahorrar y exhibir. Y no para gastar. Luego, este dinero podría usarse, por ejemplo, para ayudar a sanear la propia deuda del BCRA, hecho inédito porque siempre fue al revés.
La operación que sigue
Lo próxima que tiene en el cronograma el tándem Javier Milei y Luis Caputo, será seguir de cerca los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre 2024 y de cierre del ejercicio anterior, que se difundirán el próximo martes 14 de enero. Y una vez conocido el resultado, decidir qué hacer con la evolución del crawling peg y la tasa de interés de referencia del mercado. La decisión oficial es tomar una frontera de 2,5% de inflación para tomar una decisión trascendente. Si el dato empata o supera ese porcentaje, se esperará a la inflación de enero 2025 para avanzar.
Si, por el contrario, el IPC se ubica por debajo de ese nivel, Milei dará la orden inmediata, y el mismo martes, de comenzar a desmantelar la política de devaluación oficial pactada en un 2% mensual, hacia un ritmo inferior que en pocos meses ubicaría el alza del tipo de cambio oficial en un 1% cada 30 días. Se haría de manera gradual, y al ritmo de la caída del ritmo de la inflación; con una estructura funcional de entre tres y seis meses, dependiendo del mismo IPC. Con esto se ralentizaría el ritmo de devaluación del 12 al 12% interanual, al revés de los que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI), cierta ortodoxia encabezada por Domingo Cavallo y la mayoría de los industriales, quienes piden una revisión de la política cambiaria, dejar flotar el dólar y, eventualmente, aceptar una devaluación del 20%.
Nada de esto está pensando en oficialismo, que considera que la estrategia que se viene desarrollando es la correcta y la exitosa, y la que continuará ejecutándose durante el 2025. EN otras palabras, el tipo de cambio no sólo no se acelerará hacia arriba, sino que dependiendo de la evolución del IPC, bajará en su ritmo de devaluación. Y ya desde el martes, si es que los datos de los precios de cierre del 2024 son favorables.
En paralelo, el gobierno avanzará también (siempre que el IPC lo permita), en una nueva reducción de las tasas de interés de regulación del sistema financiero, bajando del promedio de 38% de cierre del año pasado y arranque del 2025; a un 35%. Y, si continuara la caída de la inflación, volver a una reducción antes del segundo trimestre del año. La idea es potenciar el crédito privado, ante la realidad irrenunciable del Ejecutivo de no emitir ni tomar pesos del mercado local, continuando la tendencia del 2024.
Ambas medidas de coyuntura inmediata (la próxima semana), apuntan al gran objetivo monetario de Javier Milei y Caputo: darle en el primer semestre del 2025 un golpe a la inflación, y llevarla, por fin, a tener un 1 por delante. Los cálculos oficiales insisten en que el combo crawling peg al 2% y una tasa de interés por arriba del IPC, potencial el alza de los precios en un punto porcentual mensual. Y que la contracción propuesta, sería el instrumento primario y válido para acelerar la caída en el ritmo de aceleración, al menos en un nivel de 1% cada 30 días. El entusiasmo oficial parte de las planillas de inflación mayorista, la evolución de los índices de alimentos y bebidas y otros bienes, los efectos que las importaciones crecientes estarían marcando en los precios como barrera de suba, y la idea que un tipo de cambio estable y con desaceleración devaluatoria; debería ser el freno final para llevar el alza del IPC al ritmo que se espera en el oficialismo y que figuraba en el fallido proyecto de presupuesto para el 2025 que el Congreso Nacional nunca trató. Ni tratará.
La caída del ritmo de inflación es la gran carta de popularidad que ahora se juega el gobierno, y que, a los ojos e intenciones del oficialismo, estaría al alcance de la mano.
Otro paso importante que comenzará a tramitar el ministerio de Economía, es la preparación del segundo pago de importancia del año: el de los cupones de los Bonares y boreales de julio próximo; una obligación que casi replica la liquidación de ayer. Por lo que se sabe, la idea de Caputo es contabilizar para ese compromiso gran parte de los 1.000 millones obtenidos por el REPO oficializado a fines del 2024, e ir sondeando entre marzo y junio las verdaderas posibilidades de colocar deuda en el mercado financiero voluntario de deuda internacional; una opción por ahora vedada y que para abrirla debería haber primero un riesgo país de tres dígitos con un tres por delante.
Mientras tanto, comenzará en breve una nueva etapa; la negociación con el FMI por un nuevo acuerdo, posiblemente un Stand By sobe la base del pacto cerrado entre 2018- 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri. Tal como informó este diario, desde la segunda quincena de enero, y luego del parate por las fiestas y el fin del comienzo del 2025, las partes retomarán las comunicaciones desde la semana que viene. Habrá tiempo para negociar. El 20 de enero asume Donald Trump y todos saben que la situación para la Argentina cambiará, se supone a favor. La próxima misión a Buenos Aires de hombres y mujeres del FMI, está pactada para el 10 al 15 de marzo. Mucho o poco tiempo, se verá.
Fuente: Mdzol – Por Carlos Burgueño
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