La jueza María Romilda Servini resolvió designar veedores con el objetivo de dar «mayor» certidumbre al escrutinio provisorio, tras los reclamos de la oposición y luego de que el Gobierno aceptara el nombramiento de observadores para seguir el proceso técnico de recuento.

Servini, a cargo del Juzgado Federal N°1 con competencia electoral, decidió, en simultáneo, no tratar el amparo que había presentado el Frente de Todos para suspender el recuento provisorio.

En su resolución, la jueza dispuso poner al frente de la tarea al máximo responsable de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura, quien además podrá convocar a los «agentes que considere necesarios» para reforzar el control de la transmisión de datos y el conteo, uno de los pedidos que había formulado el Frente de Todos.

Más temprano, el Gobierno había aceptado la designación de veedores judiciales para reforzar el control del escrutinio provisorio.

El espacio encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner había presentado un amparo contra el Estado nacional, el Correo y Smartmatic para dejar sin efecto la digitalización de los telegramas y el conteo por parte de esa empresa. El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, rechazó las acusaciones, defendió el proceso de transmisión y escrutinio provisorio, y avaló la presencia de los veedores judiciales más allá de los fiscales de cada frente electoral.

«No obstante lo cual, y sin perjuicio de tratarse de procedimientos de competencia exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo, y a fin de garantizar la transparencia del proceso eleccionario, mi representada no encuentra objeción a la designación de veedores judiciales que puedan presenciar todos los procesos técnicos de escrutinio el día de la elección», expresó el Gobierno en un escrito presentado ante Servini.

En el texto consignó también que la Dirección Nacional Electoral dispuso que cada alianza o partido podrá designar un fiscal por cada Centro de Transmisión Electoral instalado en los establecimientos de votación. A su vez podrá haber fiscales informáticos en las sedes del Correo, en Barracas y Monte Grande.

«Nos parece bien. Cuántas más transparencia y más miradas, mejor. Van a poder ver todo el proceso, a qué hora sale el telegrama, a qué hora llega, quién lo carga. Hay trazabilidad. Antes se veía cuando ya estaba computado», dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior.

La Cámara Nacional Electoral había intimado al Poder Ejecutivo a que pusiera los softwares a disposición de las agrupaciones políticas. Habrá uno para la transmisión de telegramas y otro para el escrutinio provisorio.

«No hay tiempo para auditar y si descubrimos que tiene fallas, como sugieren los informáticos que trabajan con nosotros, ¿cómo hacés para introducir las modificaciones? No sirve de nada ahora», se quejó Jorge Landau, apoderado del Frente de Todos. «En todas las mesas vamos a tener un fiscal y en cada escuela un fiscal informático que va a ir verificando el traspaso de la información. Es una tarea ciclópea, porque hay que hacerla en todo el país. Para dar una idea, sólo en la provincia de Córdoba son 10 mil fiscales», dijo a El Destape.

El Gobierno defendió el nuevo procedimiento, con el argumento de que reducirá los tiempos de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados; evitará traslados entre las escuelas y las oficinas de Correos; facilitará la fiscalización y reducirá las posibilidades de faltantes de telegramas. «Se dispuso del armado de una red de back up de un aproximado de 1.200 oficinas del Correo en todo el país, que están preparadas para realizar el proceso de transmisión de telegramas en caso de alguna eventualidad», agregó Ibarra.