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Desarrollo Social

Ministros de la Región Centro solicitaron a Nación mayor inversión en políticas alimentarias

Los titulares de las carteras sociales de las provincias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe mantuvieron una reunión con el secretario de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

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Durante el encuentro manifestaron su preocupación ante la situación social que atraviesa la región y solicitaron al Estado nacional que no disminuya las partidas destinadas a las carteras sociales, así como una mayor inversión en políticas alimentarias.

Los ministros de Desarrollo Social de la Región Centro, Jorge Mario Alvarez, de Santa Fe; Laura Stratta, de Entre Ríos; y Sergio Hugo Tocalli, de Córdoba, se reunieron con Carlos Pedrini, responsable de la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Allí plantearon demandas comunes de las provincias vinculadas a la realidad socioeconómica que atraviesa el país y la necesidad de incrementar las partidas destinadas a desarrollo social.

En el marco de la reunión presentaron una nota dirigida a la ministra Carolina Stanley, en la que manifiestan la necesidad de un incremento en la inversión de la nación en material de políticas alimentarias, como así también información detallada de los programas que se trabajan directamente con los municipios y comunas, con el objetivo de optimizar los recursos para lograr la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Al respecto, detallaron que "el conocimiento de la información contribuye a una eficaz intervención y transferencia de recursos a las instituciones que prestan coberturas alimentarias".

Stratta: «Solicitamos que no se realicen nuevos recortes sobre las partidas presupuestarias destinadas a desarrollo social».

Además, expresaron la "preocupación por la demoras en obtener resolución favorables de expedientes de pensiones no contributivas", las cuales actualmente se canalizan a través de las carteras provinciales con sus respectivos presupuestos. En relación a la Ley 27.345 de Emergencia Social, solicitaron conocer los alcances logrados en la región y cómo ello se expresa en la incorporación presupuestaria del gobierno nacional a las provincias. En esta línea marcan la necesidad de articular el Plan Nacional para urbanizar los barrios populares.

También, requirieron información sobre los beneficiarios del Programa Nacional Hacemos Futuro y la firma de un convenio para su implementación, con el fin de "brindar herramientas para la formación y mejorar las condiciones de empleabilidad procurando gestionar y llevar adelante un proyecto contenedor e integrador".

Al ser consultada. la ministra Laura Stratta señaló: "Manifestamos la preocupación por la situación actual que se atraviesa y ante un incremento de las demandas sociales que, con mucho esfuerzo, hoy se atienden desde los gobiernos provinciales. Expresamos la necesidad de contar con una mayor inversión en el marco de las políticas alimentarias, para acompañar a los sectores más vulnerables y garantizar el acceso a derechos fundamentales".

Por último, habida cuenta de que la cartera de Salud ahora depende de Desarrollo Social, expresaron su preocupación por programas nacionales que -como Incluir Salud- se atienden actualmente desde los gobiernos provinciales.

Desarrollo Social

Aumentaron las asignaciones familiares: a quiénes alcanza

La Anses definió un nuevo ajuste en los montos de las Asignaciones Familiares, con un incremento del 3,47% a partir de noviembre de 2024. La medida, que afecta tanto a trabajadores de la actividad pública como privada, fue oficializada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.

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El ajuste también contempla la actualización de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, determinantes para acceder a estos beneficios, siguiendo el índice de movilidad dispuesto por la Ley N° 27.160. Esta normativa establece que las asignaciones familiares deben actualizarse de acuerdo con las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

El artículo 1° de la Resolución detalla que el aumento se aplicará sobre los límites, rangos y montos ya establecidos en anexos previos, con la excepción de lo estipulado en el inciso e) del artículo 6° de la Ley N° 24.714, que regula las Asignaciones Familiares. Este ajuste impactará sobre las prestaciones para hijos, prenatal, hijos con discapacidad y otras asignaciones previstas en el régimen.

Además, la Resolución especifica que los grupos familiares que perciban ingresos superiores a $1.862.184 en alguna de sus partes no podrán acceder a las Asignaciones Familiares, incluso si el total de ingresos de la unidad familiar no supera el máximo establecido en los anexos de la Resolución. Este límite de ingresos se ajusta de acuerdo con las nuevas actualizaciones, con el objetivo de focalizar las prestaciones en los sectores más necesitados.

El ajuste también incluye a los trabajadores temporarios y permanentes discontinuos, quienes percibirán las asignaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 514/2021. En estos casos, las asignaciones familiares no podrán ser inferiores al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo, una medida destinada a asegurar un piso mínimo de protección social para estos trabajadores.

Por otro lado, la movilidad del 3,47% también afecta a los monotributistas inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Las categorías de contribuyentes se ajustarán en función de los ingresos brutos anuales, conforme lo estipulado en la Ley N° 27.743 y sus normativas complementarias, que establece las escalas para el cobro de las asignaciones familiares.

Este incremento forma parte de las políticas de ajuste mensual de las prestaciones que aplica Anses desde la aprobación del Decreto N° 274/2024, que establece la actualización de los haberes de acuerdo con la variación del IPC. Con este nuevo incremento, el organismo busca proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.

La medida afecta a una amplia gama de beneficiarios, incluidos los trabajadores en relación de dependencia, tanto en el sector público como privado, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y beneficiarios de las pensiones no contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Fuente: Mdzol

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