Como punto de partida para discutir el ajuste fiscal con las provincias, el gobierno de Mauricio Macri calcula que la reducción del déficit para el proyecto de presupuesto de 2019 implicará un recorte de $300.000 millones. La poda de gastos, bastante mayor de la prevista originalmente, debería ser compartida por mitades entre la Nación y las provincias, según pretende el Presidente.
Así las cosas, la Nación reduciría $150.000 millones en sus gastos, y los 24 estados provinciales, otros $150.000 millones. "Pensamos en un esquema de cincuenta y cincuenta por ciento", dijo al diario La Nación un alto funcionario.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , comunicó esta última estimación en la reunión de gabinete del martes último en la Casa Rosada. Y la expuso por segunda vez en el encuentro de anteayer en Olivos con cinco ministros de Economía de las jurisdicciones controladas por Cambiemos : Buenos Aires, CABA, Mendoza, Jujuy y Corrientes.
El ajuste superará en $100.000 millones el previsto originalmente. Pero podría reducirse en algo si aumentaran los ingresos, ya sea a través de una suba de impuestos o de una mayor recaudación por actividad o por inflación . Esto último también haría crecer los gastos.
Tal como anticipó ayer el portal Infobae, el aumento de la reducción del déficit fiscal obedece a que la fórmula del incremento de jubilaciones y de gastos sociales, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), dará una suba superior a 2018 y al aumento previsto en la inflación para el año próximo.
"Si aumentaran los ingresos vía suba de impuestos o de recaudación, ese recorte de $300.000 millones se reduciría", explicaron en el despacho de un ministro en la Casa Rosada.
El acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fijó que el déficit se reducirá del 3,8% del PBI con que cerró en 2017 a la meta de 2,7% para 2018, es decir, que deberá alcanzar un desequilibrio de $365.000 millones. Y el año próximo se reducirá a 1,3% del PBI, unos $175.000 millones. Según los cálculos de Hacienda, cada punto del PBI equivale a US$5000 millones o $135.000 millones.
En teoría, según esos números, la reducción entre este año y el próximo sería de $190.000 millones. Pero, como las jubilaciones aumentarán más que la inflación, habrá que aumentar el recorte de gastos y la cifra se estiraría a $300.000 millones.
Esto es así porque la fórmula de ajuste de las jubilaciones, asignaciones familiares, planes sociales y la AUH se aplica sobre la inflación pasada: en 2018 será superior al índice previsto para 2019. En 2018 aquellos haberes fueron perjudicados.
La inflación prevista para 2018 será del 27%, según la meta acordada con el FMI, y ello disparará mayores aumentos de jubilaciones y planes sociales para 2019. Y para el año próximo la meta de inflación acordada con el FMI es del 17%.
Los aumentos jubilatorios se componen en un 70% de la inflación y un 30% de la evolución de los salarios en el sector formal.
Alternativas
Según pudo saberse, se barajan diversas alternativas de recortes. Los gobernadores del PJ reclaman, a cambio de los recortes, que la ciudad y la provincia de Buenos Aires tomen a su cargo gastos de subsidios para energía, transportes y obras de cloacas y agua de la empresa Aysa. En total, son $110.000 millones. El Gobierno quiere endosarles al resto de las provincias los gastos de salud y educación que la Nación hace vía transferencias que van por fuera de la coparticipación federal, que son unos $140.000 millones.
En ese sentido, Hacienda podría impulsar el traspaso de las distribuidoras de energía Edenor y Edesur a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Ello no significaría costo para estos distritos: ninguna recibe subsidios tras los aumentos de tarifas. Empero, Vidal y Rodríguez Larreta absorberían la responsabilidad política del manejo tarifario, sin costo económico adicional para ellos.
Sin embargo, la Nación transferiría progresivamente los gastos de los subsidios que le paga a la empresa mayorista Cammesa, que reparte la energía que se produce en todo el país a las distribuidoras. Estos subsidios deberían ser absorbidos por Vidal, Larreta y otras provincias.
Además, el Gobierno quiere endosarles a las provincias el gasto de los giros que van por fuera de la coparticipación federal automática para salud y educación. Ese traspaso sería progresivo. Y la Nación apuntaría a retener las transferencias de capital (para obra pública), que son discrecionales y que sirven para épocas electorales, aunque parte de las obras las deberían pagar las provincias. La Casa Rosada argumenta que las provincias reciben desde 2016 más recursos que antes y que tendrán superávit fiscal en 2018.