La PROCELAC, el ala del Ministerio Público encargada de investigar delitos de lavados de dinero bajo las órdenes de los fiscales Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, presentó una fuerte denuncia contra Hugo Moyano, su hijo Pablo, el sindicato de Camioneros y un cúmulo de empresas y grupos económicos vinculados al jefe sindical en la Cámara del fuero penal económico.

La denuncia recayó por sorteo en el Juzgado en lo Penal Económico Nº3 a cargo de Rafael Caputo y la Fiscalía Nº8 de Alicia Sustaita. La presentación de PROCELAC se deriva de un informe de inteligencia elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF).

La AFIP estima solo por evasión impositiva un monto que podría alcanzar los cuatro mil millones de pesos, aunque el monto estimado del lavado todavía es algo que los organismos deberán determinar.

La principal firma involucrada es la empresa postal OCA. La acusación, además, se extiende a firmas como el Grupo Rhuo (que controla OCA) y el Grupo Damasco, el Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros misma, la Mutual del sindicato y el empresario Patricio Nicolás Farcuh, presidente de OCA.

El Grupo Rhuo, responsable de comprar el paquete accionario de OCA en 2013 por 60 millones de dólares, es el virtual centro de la acusación.

Bajo su control, OCA comenzó a desarrollar fuertes deudas fiscales, reteniendo, según la imputación de PROCELAC, aportes a personal, "tercerizando" tareas con una cooperativa. Se lo acusa de retener otros impuestos como IVA y Ganancias, lo que llevó a la AFIP a iniciar diversas causas.

Tras ser adquirida por Rhuo, OCA, siempre según la imputación del Ministerio Público sobre datos de la UIF, efectuó donaciones por 6,6 millones de pesos a la Mutual de Camioneros y al Club del sindicato, ambos conducidos por Pablo Moyano. Casi la mitad de esas supuestas donaciones fueron realizadas entre julio y octubre de 2016, cuando OCA SRL atravesaba supuestas dificultades para pagar los salarios de sus empleados en tiempo y forma.

Se sospecha que Grupo Damasco realizó operaciones comerciales con Guía Laboral y Pertenecer, así como con OCA. De acuerdo con información bancaria, una cuenta a nombre de Damasco en el Banco Santander recibió acreditaciones desde una cuenta de Farcuh entre 2010 y 2013: la empresa fue garante hipotecaria de Guía Laboral y Damasco en varios créditos. Damasco, que también recibió reportes de cheques sin fondos por más de cuatro millones, curiosamente registró balances negativos con pérdidas de más de $ 1,6.000.000.

Por lo pronto, el organismo denunciante sugirió requerir datos sobre las personas y firmas acusadas al Banco Central, al Sistema de Identificación Nacional Tributario, al Registro de Propiedad Automotor, al Registro de Propiedad Inmueble de la Capital Federal así como el bonaerense.

También, una amplia lista de documentación a la AFIP, con declaraciones juradas y participaciones societarias y recabar diez causas penales y comerciales que registran las firmas denunciadas, con otros requerimientos para el Registro Nacional de Reincidencia y la Inspección General de Justicia.