El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, adelantó que la provincia pedirá a la Corte Suprema declarar la inconstitucionalidad de las asignaciones específicas del impuesto a las ganancias, entre las que se encuentra el Fondo del Conurbano. Fue durante la reunión del Foro de Fiscales este viernes.

"Medido por la cuantía, es el juicio más importante que ha afrontado la provincia de Entre Ríos hasta ahora", explicó Rodríguez Signes.

Si prospera la demanda de la gobernadora Vidal, Entre Ríos deberá pagar «3500 millones de pesos este año, y una pretensión retroactiva de unos 18000 millones».

«No hay otro juicio más grande que este en cuanto al monto económico», agregó.

En ese marco, el funcionario y vicepresidente del Foro, alertó sobre el peligro que la demanda de Buenos Aires implica para las funciones básicas de la provincia, porque "los excedentes del Fondo del Conurbano son recibidos por las provincias como recursos corrientes y por lo tanto se incorporan a los presupuestos para pagar gasto corriente: remuneraciones, jubilaciones, coparticipación a los Municipios y gastos de funcionamiento. Cualquier detracción impacta sobre esos rubros", asestó.

En ese sentido, el Fiscal de Estado explicó que en vez del 100 por ciento de lo recaudado por el gobierno nacional en concepto de impuesto a las ganancias, actualmente se coparticipa solamente el 64 por ciento, porque "resulta que entre 1992 y 1996 o 97, se establecieron leyes que se llaman de asignaciones específicas", entre las que se encuentra el Fondo del Conurbano.

«Si Buenos Aires va a reclamar que se reparta la totalidad del 10 por ciento para ellos, nosotros pedimos que se declare la inconstitucionalidad de todas esas asignaciones y que se distribuya el ciento por ciento como dice la ley de coparticipación número 23.548».

En esa línea, la provincia cuestiona el artículo 104 de la ley que destina el 10 por ciento del impuesto a las ganancias al denominado Fondo del Conurbano, ya que el artículo "no cumple con los estrictos requisitos que la Carta Magna exige para el establecimiento de asignaciones específicas. Por lo tanto, resulta manifiestamente inconstitucional e insanablemente inválido, cuestión que amerita una declaración judicial de carácter previo, que a la postre tornará abstracto el análisis principal".

Por otro lado, Entre Ríos argumenta que "en 1989 el Poder Ejecutivo Nacional 'devolvió' a las provincias competencias en materias de salud, educación y transporte", aunque "lo hizo sin transferir las consecuentes competencias tributarias, y obviamente sin asignar fondos", en tanto que Buenos Aires recibe un 1,57 por ciento de la coparticipación preprimaria desde 1988 (artículo 3 de la Ley 23548)", recordó Rodríguez Signes.

Además contó que "algunas provincias ya contestaron esta semana, por ejemplo Salta, San Juan, Catamarca y Tucuman". Entre Ríos lo hará la semana que viene.

"En líneas generales ninguna provincia acepta la pretensión de la provincia de Buenos Aires, esto está clarísimo. Porque a todos les impacta económicamente en un grado, en una magnitud intolerable para los presupuestos de las provincias", continuó.

Por otro lado, el titular de la Fiscalía de Estado entrerriana, llevó a la reunión "un trabajo de la Universidad del Centro y del Conicet que se llama Calidad de Vida y Geografía en Argentina, y que demuestra que de ninguna manera la provincia de Buenos Aires es la más castigada del país. Las más castigadas son las provincias del Norte argentino, que son las que menor calidad de vida tienen, y por tanto la coparticipación tiene que ir en procura del desarrollo de las provincias", argumentó.

"Después demostramos que el impacto económico que tendría la pretensión de Buenos Aires sobre Entre Ríos sería de 3.500 millones de pesos para este año, y decimos que el retroactivo que reclama Buenos Aires, de 300.000 millones, no lo pueden pagar ninguna provincia", agregó.

Por último, Rodríguez Signes sostuvo que "es útil saber qué está diciendo cada uno, porque esto es un tema muy complejo además de importantísimo económicamente. Entonces es importante que cada Fiscal sepa lo que está haciendo el otro, y además consultar a los ministros de Economía, porque las defensas que ensayemos tienen consecuencias económicas".

"Este es un caso muy complejo, todas las provincias sostienen que lo deberá dirimir el Congreso y no la corte suprema. Yo creo que va a ser así", concluyó Rodríguez Signes.