Las declaraciones del ex-ministro de Comunicación y Cultura de la gestión anterior habrían provocado preocupación y malestar en los propios abogados de Urribarri y en particular en Barrandeguy, que es del mismo espacio político de Báez, por la forma en que complicó la situación judicial del ex mandatario, señala el mismo medio.

La medida judicial incluye citarlo a indagatoria para el 31 de agosto y también serán indagados el ex coordinador general de la Unidad Operativa Cumbre Mercosur (UOCM), Hugo Céspedes, histórico funcionario del Ministerio de Economía de la provincia y desplazado por Gustavo Bordet el año pasado, como coletazo de los primeros allanamientos de la justicia en ámbitos gubernamentales, al igual que su colega Gustavo Tórtul, quien oficiara de colaborador directo.

Cumbre

La Cumbre de Presidentes del Mercosur se realizó en Paraná a mediados de diciembre de 2014 y demandó, de parte del Gobierno que entonces encabezaba Sergio Urribarri, una millonaria inversión en obras y contratación de servicios.

A través de la Ley N° 10.327, promulgada el 20 de octubre de 2014, se declaró de interés la 47° Cumbre del Mercosur, y facultó al Poder Ejecutivo a utilizar el procedimiento de contratación directa para ejecutar obras, contratar servicios, adquirir suministros y realizar toda otra compra u operación necesaria.

Presto a colaborar

Antes que se conozca esta noticia, el ex gobernador Sergio Urribarri había hecho público un comunicado donde "a los efectos de dejar en claro mi actuación legítima", ofrecía su "colaboración con la Justicia".

En el comunicado consideraba que "estamos todos en peligro si la interpretación de un contenido comunicacional puede constituirse en la base de una acusación penal», en referencia a la contratación de publicidad a través de la empresa Nelly Entertainment SA, propiedad de Jorge «Corcho» Rodríguez y Facundo de Vido, hijo del ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

El actual diputado provincial señalaba que había "tomado conocimiento que desde el Ministerio Público Fiscal se ha iniciado una investigación que procura determinar si en el curso de aquella gestión se han producido irregularidades encuadrables en algún tipo penal" y que rechazaba "tal posibilidad".